Elección prematura






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títuloElección prematura
fecha de publicación27.10.2015
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CONSIDERACIONES SOBRE LA LOMCE

  1. Una ley de educación debe desarrollarse y perdurar, lo que solo puede ser posible si parte de un consenso amplio, que evite que el siguiente gobierno vuelva a cambiarla. En 20 años hemos tenido cinco reformas educativas.




  1. Desde la propia introducción de la ley se pone la educación al servicio de la economía, dando prioridad a los aspectos relacionados con la inserción en el mercado laboral más que a la formación como persona. Entre los objetivos de la Educación Primaria aparece el desarrollo de actitudes de “emprendimiento empresarial” lo que, como poco, puede ser considerado prematuro.




  1. Los resultados de las evaluaciones externas previstas, que no tienen por qué ser negativas, servirán para la clasificación de los centros, y la adopción de medidas para el alumnado (incluida la repetición de curso), por encima del proceso de evaluación continua del aprendizaje.




  1. Es adecuado trabajar por la excelencia pero la mejora de la calidad educativa debe permitir la mejora de los resultados de todos los estudiantes, no sólo de los mejores.




  1. El reducir un curso de escolarización común (siendo para la LOMCE hasta 3º de ESO) podría provocar una elección prematura, que podría redundar en que el alumnado que dispone de menos recursos económicos opte por la formación profesional y aquellos que tienen más posibilidades por el Bachillerato, potenciando así una brecha social.




  1. La inclusión de los Ciclos de Formación Profesional Básica en la educación básica supone el establecimiento de una vía que permite la obtención de un título profesional, pero no el título de Graduado en Secundaria (para los que pasen a los ciclos sin haber aprobado la ESO), y por consiguiente, sin posibilidades reales de continuar en el sistema educativo (ciclos superiores, bachillerato...). Cualquiera de las dos vías (Formación Profesional o Bachillerato) debería posibilitar la obtención de un título con idéntico valor.




  1. Se limita la participación: el Consejo Escolar queda como órgano consultivo, mientras que los directores de los centros asumen prácticamente toda la capacidad de decisión (en cuanto al Proyecto de Centro, el Plan General Anual, la admisión del alumnado…)




  1. La elección del director/a queda en manos de una comisión en donde solo el 30 % de los miembros será del consejo escolar, mientras que el resto serán representantes de la administración educativa.




  1. El refuerzo de las materias instrumentales se ha traducido en una pérdida de peso en el currículo, que llega incluso a la eliminación de él en algunos cursos, de materias de gran valor formativo como la Geografía e Historia, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía, etc., lo que puede ir en detrimento de la formación como persona.




  1. En la Evaluación final de ESO se otorga un peso de solo el 30% a la calificación final de la ESO, (lo que supone un auténtico menoscabo de la autonomía de los centros y de la confianza hacia el profesorado) frente a la prueba externa, tipo “reválida” (que ya desapareció con la Ley General de Educación de 1970 porque, en realidad, actuaba como una auténtica barrera de difícil franqueo para los sectores sociales económica, social y culturalmente más desfavorecidos).




  1. Disminuye la oferta de materias de los distintos Bachilleratos.




  1. La prueba de evaluación final de Bachillerato, viene a incluir la actual Prueba de Acceso a la Universidad (“selectividad”) entre los requisitos para la obtención del Título de Bachiller.




  1. Eliminación de los PCPI: Los Ciclos de Formación Profesional Básica, que vienen a sustituir a los anteriores Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) no posibilitan la obtención del Título de la ESO.




  1. Se establece la posibilidad de suscribir conciertos con la Administración a la escuela diferenciada por sexos. La reforma legal parece responder a la pretensión de blindar esta opción a raíz de dos sentencias del Tribunal Supremo.




  1. Las administraciones educativas podrán promover la “especialización curricular de los centros educativos” lo que, unido a las prerrogativas que se conceden al desarrollo de actuaciones de calidad va a suponer la creación de centros educativos que van a tener la posibilidad de seleccionar a su alumnado al margen de los criterios de admisión del alumnado establecidos en la ley (centros de “excelencia”).

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